Quantcast
Channel: Justicia de Familia e Infancia
Viewing all 442 articles
Browse latest View live

Columna de Tom Olsen, UNICEF Chile: Un sistema de protección integral para la infancia en Chile

$
0
0
"El pasado 14 de agosto se cumplieron 22 años de la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño por parte del Estado de Chile. Este es el tratado de derecho humanos más ratificado en el mundo y Chile fue uno de los primeros en suscribirlo.

En UNICEF consideramos que en estas casi dos décadas ha habido importantes y significativos avances, pero aún el país tiene algunas tareas pendientes. A comienzo de mes, el Gobierno envió al Congreso Nacional el proyecto de ley que reforma el Servicio Nacional de Menores, creando dos servicios especializados: uno para la protección especial de niños y niñas, y otro para la reinserción social de los adolescentes infractores de ley. Si bien dicha iniciativa puede contribuir a mejorar la oferta de programas y a asegurar que se respeten los derechos de los niños y niñas que requieren de protección especial, resulta indispensable avanzar, al mismo tiempo, en la creación de un sistema de protección integral para la infancia.

Este sistema debiera establecer una política y un plan nacional de infancia que, fundados en el respeto de los derechos de todos los niños, definan objetivos y prioridades, establezcan mecanismos de coordinación de la oferta e intervención pública, y sistemas de financiamiento, monitoreo y evaluación de tal intervención. Dicha política y plan nacional podrían constituir una oportunidad inmejorable para dotar de una perspectiva universal a la protección de todos los niños, niñas y adolescentes, independientemente de su posición social, origen étnico, capacidades especiales, nacionalidad o género.

Finalmente, tal sistema debiera establecer mecanismos de coordinación y articulación de la intervención de los distintos ministerios y servicios (Educación, Salud, Desarrollo Social, Vivienda, Justicia, Seguridad Pública, etc.), con participación de la sociedad civil y de los propios niños, niñas y adolescentes. En UNICEF confiamos en que el debate legislativo que se inicia sobre la reforma al SENAME vaya acompañado de propuestas legales adicionales, que permitan consolidar una institucionalidad de infancia moderna, eficaz y respetuosa de los derechos de los niños y niñas de Chile."

Tom Olsen
UNICEF, Representante en Chile
Blog de La Segunda

Julio Cortés: Implementación de la Convención sobre los Derechos del Niño

$
0
0
Julio Cortés, abogado y profesor de la Clínica Jurídica de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad Central.

El Ejecutivo anunció la adopción de 10 medidas que buscan poner freno a las situaciones de abuso sexual de menores en nuestro país. Como ya es habitual en el anuncio de medidas de emergencia, el grueso de éstas tiene una naturaleza represiva (aumento de penas, registro de pedófilos, brazalete electrónico, entre otras). Este tipo de medidas son las que generan mayor consenso político y social y, por lo tanto, su adopción a nivel legislativo no reviste en principio mayor complejidad. El problema es que no existe evidencia de que, en la práctica, tengan un efecto preventivo.

Los anuncios dicen relación, además, con medidas para evitar la re-victimización de los niños/as víctimas (entrevista única y aumento de recursos al Servicio Médico Legal), incursionando así en materias que resultan menos efectistas que el mero incremento de la represión, pero que son absolutamente necesarias para que el proceso penal no se constituya en una nueva fuente de vulneraciones de derechos. No obstante, lo más novedoso en el anuncio dice relación con medidas que en Chile están pendientes desde que se ratificara la Convención sobre los Derechos del Niño en 1990, y que hasta el día de hoy ninguna agenda gubernamental ni situación de emergencia (ni siquiera situaciones tan emblemáticas como el caso Spiniak) ha logrado concretar.

En efecto, la nuevamente anunciada división del SENAME en dos servicios distintos (uno proteccional y otro infraccional) fue proyectada hace más de una década sin que ninguna administración hasta ahora haya logrado efectivizarla. En la misma situación se encuentra la Ley de Protección Integral de Derechos de la Infancia, llamada a crear un verdadero sistema integral de protección que redefina la relación entre el Estado, la sociedad y los niños/as y adolescentes, haciendo realidad su condición jurídica de sujetos de derecho. De paso, esta ley debiera derogar la Ley de Menores, que en su forma actual data de 1967 pero cuyo origen está en la Ley N° 4.447, de 1928, y que claramente no está a la altura de los desarrollos posteriores en materia de protección a las personas menores de edad. Hasta ahora han existido dos proyectos de ley, y lamentablemente ninguno ha prosperado.

Por último, al realizar estos anuncios el Presidente Sebastián Piñera se ha referido a la necesidad de crear la figura del Defensor de la Niñez, institución que, de acuerdo al Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, debe estar incluida en las medidas generales que debe adoptar cada Estado que ha ratificado la Convención ya aludida, y que vendría a incorporar un nuevo actor al panorama nacional, encargado entre otras cosas de recibir quejas por violaciones de derechos y apoyar a los niños y niñas en el acceso a los tribunales de justicia.

Es de esperar que, en esta ocasión, la sociedad y el Estado se pongan de acuerdo no sólo en lo relativo a las medidas de naturaleza penal, sino que logren avanzar efectivamente en estas otras cuestiones pendientes que de seguir en carpeta indefinidamente estarían demostrando que la capacidad para indignarse puntualmente frente a situaciones de abuso de la infancia no se corresponde con la capacidad para tomar sus derechos en serio e implementarlos.

Discriminación en el cuidado de los hijos. Columna del profesor Mauricio Tapia

$
0
0
El profesor Mauricio Tapia escribe hoy en La Tercera criticando el estado actual del proyecto de ley. Comparto totalmente sus planteamientos.

"EL DERECHO de las familias se ha modificado lenta pero radicalmente en Chile. Conforme a la transformación de las costumbres, los cambios han estado inspirados en la necesidad de introducir más igualdad, autonomía y protección.
No obstante, varias deudas subsisten, como dan cuenta las discusiones recientes sobre la apertura del matrimonio a las parejas homosexuales, la restitución de la plena igualdad de la mujer casada en sociedad conyugal y la eliminación de la discriminación contra el padre en el cuidado de los hijos.
Esta última regla, contenida en el artículo 225 del Código Civil, atribuye legalmente, luego de la separación, la custodia de todos los hijos (sin importar su edad) a la madre. La única justificación que se esgrime a favor de esta regla es que -supuestamente- disminuiría la “litigiosidad”. No obstante, la justificación es falaz, y la regla es contraria al interés del hijo, inconstitucional y envuelve un prejuicio contra la mujer.
Es falaz, porque lo usual es que esta disputa se plantee precisamente en el marco de un juicio de divorcio, donde debe acordarse por los padres, o decidirse por el juez, el cuidado personal de los hijos. Los Tribunales de Familia fueron creados para resolver estos asuntos y, por ello, el argumento parece estar movido por una infundada desconfianza en los jueces, como lamentablemente está ocurriendo en varios ámbitos.
La regla es también contraria al interés superior del hijo, porque si bien con frecuencia puede ser conveniente que los niños (particularmente los lactantes) residan con la madre, ello no ocurre en todos los casos. La regla permite, por el contrario, que las madres sientan a los hijos como “de su propiedad”, lo que reduce la posibilidad de acuerdos que beneficien una repartición equitativa de los derechos y deberes entre los padres y la presencia de ambos en su crianza.
La regla es, además, inconstitucional, pues no resiste ningún análisis desde la perspectiva del principio de igualdad, presentándose como una discriminación arbitraria contra el padre.
Por último, fundada en una supuesta “aptitud natural” de la mujer para cuidar a los hijos, materializa una concepción prejuiciada y estereotipada de ésta, que no se condice con la creciente repartición equitativa entre el hombre y la mujer, de las labores de cuidado de los hijos y del hogar común, por una parte, y en la obtención de recursos y en el desarrollo profesional, por otra.
En un momento en que se percibe una intensa y urgente demanda por igualdad en el país, sorprende que el proyecto de ley que modifica esta materia (actualmente en segundo trámite constitucional en el Senado) confirme esta regla discriminatoria. Tan inexplicable como aquello es que este proyecto ni siquiera permita al padre solicitar al juez el otorgamiento de un régimen compartido de cuidado personal, que en muchas situaciones podría lograr, en beneficio de los hijos, un sistema que asegure un tratamiento más equitativo entre los padres y la presencia de ambos en su crianza y educación.
Es de esperar que este proyecto de ley sea corregido. Difícilmente los ciudadanos entenderán cómo, en un momento como el actual, el Congreso decide confirmar una regla que perjudica a los hijos, discrimina al padre y envuelve una concepción prejuiciada de la mujer."
__________________________________________________________________________

Aprovecho de dejar acá el Boletín de Indicaciones, de julio de este año, que es lo último que el sistema de información legislativa del Congreso tiene.

Boletin Indicaciones Julio 2012

ITF: Congreso Internacional “Realidades Emergentes en Familia y Pareja, una Mirada Sistémica”

$
0
0


Invitación

Celebrando los 30 años del Instituto de Terapia Familiar de Santiago, queremos invitarlos a reflexionar sobre aquellas REALIDADES EMERGENTES que desafían nuestro quehacer profesional.
La develación del secreto de homosexualidad y su impacto en los diferentes sistemas de pertenencia; el abuso sexual y violencia con los niños, contaminando espacios inimaginables de confianza básica; la enfermedad mental de una figura parental y su incidencia en el proceso de desarrollo de los hijos; la separación, divorcio y segundos matrimonios, realidad que ha cambiado la forma de la convivencia y del estar de los niños; la droga y la pareja, relación a veces inmodificable. Todos fenómenos que, dependerá del cómo se enfrenten, la realidad que se constituya. Desde la frigorización de la vida y/o fragmentación de las relaciones familiares, a la continuidad de la vida en la recuperación de la armonía.

Carmen Luz Méndez
Fernando Coddou 

REALIDADES EMERGENTES EN FAMILIA Y PAREJA: Una mirada sistémica"
Fecha: 9 y 10 de Noviembre.
Lugar: Universidad San Sebastián, Bellavista 7, Recoleta.
Temas:
•Familia Hoy            •Homosexualidad y Familia            •Separación y Divorcio          •Pareja Hoy •Enfermedad Mental y Familia               •Abuso Sexual infantil               •Familias Simultáneas             •Droga y Pareja        •Violencia Intrafamiliar

Las conferencias de dicho encuentro están abiertas a todo público interesado en el tema y los talleres están dirigidos a psicólogos, psiquiatras, asistentes sociales, médicos familiares, pedagogos y profesionales que trabajen en el ámbito de la salud mental y legal.

Inscripciones acá

Autorizan anteponer apellido materno a niño recién nacido en Córdoba

$
0
0

La jueza de Familia Silvia Morcillo ordenó al Registro Civil de Córdoba la inscripción de un recién nacido anteponiendo el apellido de la madre al del padre.
Lo hizo a pedido de los propios progenitores, quienes son militantes de derechos humanos y consideran que la actual legislación es sexista, según dijo la abogada que los representa.
La pareja se presentó ante la Justicia el pasado 31 de octubre y consiguió en las últimas horas la resolución que les permite la inscripción de acuerdo a su deseo (ver resolución en PDF).
El niño es un bebé nacido el 12 de agosto pasado. La pareja se casó en el exterior el año pasado.
En el nuevo código. Con esta medida, se produce un virtual anticipo de lo que indicaría la reforma al Código Civil que, en resguardo de la igualdad de género, prevé la inscripción de los niños con apellidos de ambos padres.
La actual "ley de nombre" 18.248 estipula que los niños deben inscribirse con el apellido del padre. Eventualmente, se puede colocar el de la madre, pero en segundo término, por lo que fue considerada "sexista" por la jueza Morcillo, quien declaró la inconstitucionalidad de los artículos cuatro y cinco, inciso segundo de esa norma.
Los padres habían solicitado que se les permitiera la opción dado que "con la sanción de la ley de matrimonio igualitario se otorga la posibilidad a los cónyuges del mismo sexo de optar por el apellido que en primer lugar llevarán los hijos nacidos de la unión", según se lee en el fallo.
"No es un capricho". María Belén Mignon, abogada de los padres, dijo que el bebé es el primer hijo de la pareja peticionante.
"La petición obedece a una decisión de de los princios de esta familia, que trabaja desde la perspectiva de los derechos humanos".
"Es coherente con una militancia de ellos de vida. Afirman que en su familia creen que la norma es discriminatoria porque no les permite optar e impone una restricción sexista", dijo la letrada a La Voz.
"Es un motivo autobiográfico, no es un capricho, con lo que se busca legitimar y poner en práctica la ideológica propia", agregó.
El argumento. Según la jueza Morcillo, "la imposición legal del apellido paterno a los hijos, implica un acto de discriminación a la mujer en las relaciones heterosexuales, máxime cuando la agregación del apellido de ésta se encuentra sometido al requisito que la petición la realicen ambos padres".
Esto, afirma, "implica que si el hombre no la hace o concilia en hacerla, el apellido de la madre no se puede atribuir al hijo".

Carta en La Tercera:

$
0
0

Carta al Director. 2 de enero 2013.

Sobre proyecto que reforma cuidado de hijos

Jean Carbonnier, el civilista francés más relevante de los últimos 50 años, acuñó la frase: “A cada familia su derecho.”  El estado actual del proyecto de ley que reforma el cuidado personal de los hijos no está a la altura de las familias chilenas actuales. Tiene razón Andrea Barros, abogada de SERNAM, en que contiene normas valiosas pero dos errores que persisten, arriesgan echar por la borda el esfuerzo de meses de discusión.

El primer error es que, en caso de separación, la madre es quien mantiene el cuidado de los hijos. Es una deficiente técnica legislativa añadirle “sólo mientras no exista acuerdo” porque esa atribución legal, justamente, es la que desincentivará los acuerdos. Si sé que sin acuerdo yo mantengo el cuidado personal de mis hijos, ¿cuál es el incentivo legal para llegar a un acuerdo? Las parejas que llegan a acuerdo sin que se entrometa el sistema judicial no son el objetivo de esta ley. Lo son aquellas que no logran ponerse de acuerdo. Y a esas parejas este proyecto les dice: la madre queda a cargo de los hijos.

Y el segundo grave error del proyecto, es que no permite al juez ordenar el cuidado personal compartido de los hijos. El argumento de que la experiencia internacional ha mostrado que este régimen para funcionar requiere un mínimo de acuerdos de los padres es correcto. Pero de ahí no se sigue el impedirle al tribunal conseguir ese acuerdo. Quienes así opinan parecen ignorar que día a día son miles los acuerdos y conciliaciones que se consiguen en los juzgados de familia, en especial, por parte de los consejeros(as) técnicos(as).

El proyecto está concluyendo su tramitación en el senado. Aún es posible que en sala se repongan las indicaciones presentadas por el senador Patricio Walker que permitirían a este proyecto realmente ser un vigoroso aporte a los derechos de los niños con padres separados.


Francisco Estrada Vásquez
Director Carrera de Derecho (Santiago), Universidad Autónoma de Chile

La claridad del padre Francisco Pereira de María Ayuda

$
0
0
Informe Comisión Jeldres

Señor Director

Desde hace 30 años la Corporación María Ayuda trabaja acogiendo niños, niñas y adolescentes en hogares residenciales. Hemos sido testigos a lo largo de los años del drama que sufren estos niños al ser separados de sus familias por orden del tribunal, y pasar a ser “niños de hogar”, sin tener ellos culpa alguna por la situación que les toca vivir.
 Somos testigos directos también de la escandalosa postergación en que se encuentran las políticas públicas de infancia, especialmente la que requiere más atención, la de las residencias, en donde cerca de 15 mil niños son acogidos a lo largo de Chile. Impacto causa en la opinión pública cuando de alguna forma se entera de las condiciones en que viven niños y niñas en estas residencias.

El Estado a través del Sename subvenciona cerca de 1/3 (al menos en nuestro caso es así) de los costos de un niño por hogar, lo que hace que tengamos que conseguir “como sea” los otros 2/3. La tarea es titánica: por una parte conseguir los recursos para una infraestructura digna, (pensemos los costos que significa solo construir un hogar), dar una atención psico-social de calidad, (contratar al personal idóneo para esta tarea, compitiendo con sueldos de mercado imposibles de igualar), asegurar la atención médica y de salud mental, (meses de espera para atender a un niño) , procurar escolaridad y recreación, ( la deserción escolar es alta) , en fin, esto entre muchas otras necesidades.

La comisión Jeldres ha dejado a la luz las carencias del sistema y logró recopilar información en donde se establece en definitiva que no solo “no se protege” en muchos casos a estos niños, sino que por el contrario se “vulneran sus derechos”, llegando a veces éstas a ser constitutivas de delito. ¿Qué podemos hacer entonces los que queremos colaborar de verdad, para sacar a estos niños del drama en que viven? ¿Qué pueden hacer las Instituciones que viven solo con el escaso aporte estatal y no pueden conseguir más recursos? Solo una cosa: cerrar los hogares (ya son demasiado los que lo han hecho en el último tiempo) y dejar que estos niños vuelvan al círculo de maltrato de dónde venían, es decir su propia familia.

Pero el otro camino, y es el que María Ayuda desde hace tiempo procura, es que el Estado de verdad se haga cargo del costo real de la atención de éstos hogares, para así buscar en los privados el delta que falta. Obviamente que es, al menos en Chile, todavía una tarea compartida. Si no se hace esto, que el estado y los particulares tomen conciencia de la grave situación, nos encaminamos a un drama humano de proporciones. Lo esperanzador es que el problema es acotado, sabemos el número de niños, el número de hogares en cada región y lo que se requiere económicamente por parte del Estado, cifra que es insignificante para el presupuesto de la Nación. Solo así las Instituciones que hacemos este trabajo podremos asegurar una colaboración con el Estado, haciendo bien nuestro trabajo, pero insisto, solo si éste asegura el financiamiento mínimo, (no el que tenemos ahora), para así nosotros buscar entre los privados la diferencia de estos costos. 

No sigamos esperando, los escándalos continuarán día a día, aunque pongan cientos de fiscalizadores, si no se toman con urgencia las medidas de fondo que todos esperamos. 


P. Francisco Pereira Ochagavia
Director Pastoral Corporación María Ayuda

Mi columna de hoy en El Post: No hay atajos

$
0
0
No hay atajos

No hay atajos. No hay novedades. No hay excusas válidas.

Lo que el reportaje de Ciper ha puesto en la discusión público no tiene ninguna novedad. Y no se necesita ningún estudio para acreditar lo evidente: la situación de los niños en los centros de Sename y en los Hogares subvencionados y supervisados por Sename –también en aquellos que no son del circuito Sename- está lejos de ser satisfactoria en términos de la protección de sus derechos que fue lo que motivó su ingreso en estos establecimientos.

Aunque alguna autoridad parece creerlo, no hay atajos, apenas estrategias, para mejorar la situación. El anuncio de la Ministra de Justicia de inspecciones no constituye ninguna mejora sustantiva y, por el contrario, al empujar a los hogares a ponerse a la defensiva, puede incluso empeorar la situación.
Siete, creo yo, son los pilares de un cambio serio en la protección de los niños con graves vulneraciones de derechos en nuestro país:

(seguir leyendo)

Seminario “Relaciones paterno - filiales: Análisis de la nueva Ley N° 20.680”

Hoy entrevistado en Radio Duna por Cony Stipicic y Juan Manuel Astorga

Eileen Munro: Errores evitables e inevitables en la protección de niños

$
0
0
Me parece oportuno ofrecer la lectura de este trabajo de la profesora inglesa Eileen Munro acerca de errores evitables e inevitables en el sistema de protección.

Como hemos contado en otros post, la Prof. Munro es profesora de Política Social en la London School of Economics y el 2010 se le encomendó por el gobierno británico un estudio que ofreciese recomendaciones acerca de reformas  al sistema de protección. Desde este blog seguimos ese trabajo y el 2011 ella publicó su reporte“Unsistema centrado en el niño”,  el año pasado publicó un informe de seguimiento del trabajo gubernamental sobre las recomendaciones que ella efectuó.

Se le pidió esa misión ya que ella había investigado acerca de los errores del sistema inglés de protección (casos de abusos, maltratos, muertes, etc.)  y este paper es uno de sus trabajos más interesantes y completos en este sentido. A la luz de los recientes hechos, me parece necesario que la academia colabore pensando el sistema, de ahí el poner en circulación este trabajo.

Elena Caffarena Morice, Iquique, 23 de marzo de 1903 - Santiago, 19 de julio de 2003

$
0
0
Hace 10 fallecía doña Elena Caffarena, una de las principales feministas chilenas (junto a Amanda Labarca), jurista y una de las fundadoras de CODEPU, y la más brillante pluma de nuestro derecho de familia chileno y una de las más gravitantes en la disciplina en Latinoamérica.
“En 1935 es fundadora y primera secretaria general del Movimiento de Emancipación de la Mujer Chilena (Memch) (1935-1941), cuya gran bandera de lucha es el sufragio femenino. En 1941 Pedro Aguirre Cerda presenta al Congreso un proyecto que confiere plenos derechos políticos a las mujeres. El proyecto es redactado por Flor Heredia y Elena Caffarena. En 1944 funda la Federación Chilena de Instituciones Femeninas (Fechif), organización de la que es primera vicepresidenta y a través de la cual impulsa una gran campaña nacional reivindicando los derechos políticos de las mujeres chilenas. En junio de 1945, la Fechif presenta al Senado un nuevo proyecto de ley sobre voto femenino, en cuya redacción interviene directamente la jurista. El proyecto tiene una historia compleja que, sin embargo, no termina con el cambio de gobierno. El 8 de enero de 1949, poco tiempo después de asumir como presidente, Gabriel González Videla lo promulga. Flor Heredia, Elena Caffarena y otras mujeres sufragistas chilenas son excluidas de los actos conmemorativos. Tres días después el gobierno cancela su inscripción en los registros electorales. Ella lo cuenta así:
Pocos días después, González Videla canceló mi inscripción en los registros electorales aplicándome la "Ley Maldita", porque yo defendía, en mi calidad de abogada, a cuarenta mujeres y sus más de cien hijos menores de edad que estaban prisioneros en el campo de concentración de Pisagua. Su único delito _de las madres_ era pensar distinto que el primer mandatario... El de los niños era, supongo, el de ser hijos de esas madres. Fui acusada entonces de comunista, de agitadora, de cabecilla de una revuelta... y me proscribieron.
Las mujeres votan por primera vez en las elecciones presidenciales de 1952, año en que sale a la luz su estudio sobre las sufragistas inglesas del XIX: Un capítulo en la historia del feminismo: las sufragistas inglesas (Santiago: Ediciones del Memch, 1952, 113 pp.). Es indudable que, a esas alturas, la autora considera cerrado el capítulo del sufragio.

En forma simultánea con su militancia sufragista y feminista, desarrolla también una intensa actividad en el ámbito de la protección de menores. En 1940 el Presidente Pedro Aguirre Cerda la nombra como representante del gobierno en el directorio del Consejo de Defensa del Niño, institución a la que entrega toda una vida de dedicación, hasta 1974 en que es separada del cargo. Su generosidad la mueve incluso a donar una casa a esta institución para el cobijo de cuarenta menores. En 1979 es fundadora y primera vicepresidenta de la Fundación para la Protección de la Infancia Dañada por los Estados de Emergencia, destinada a socorrer a niños y adolescentes víctimas directas o indirectas del exilio y la relegación.” (RODRIGUEZ, María Sara (2006). Elena Caffarena de Jiles, jurista. Revista Chilena de Derecho, Vol. 33, N°2, pp. 207-214)

Dejo aquí la entrevista que le hiciera Diamela Eltit y una breve nota bibliográfica de sus obras en Derecho de familia.

CAFFARENA DE JILES, Elena (1947). ¿Debe el marido alimentos a la mujer que vive fuera del hogar conyugal? Ediciones de la Universidad de Chile, Santiago.
____________ (1949). “¿Puede usarse la fuerza pública para el cumplimiento de la obligación prevista en el artículo 133 del Código Civil?” Revista de Derecho y Jurisprudencia y Gaceta de los Tribunales, Año 1949 N° 1, Tomo 46.
____________ (1952). “Refutación a los comentarios de don Enrique Rossel Saavedra, sobre la jurisprudencia en materia de alimentos.” Revista de Derecho y Jurisprudencia y Gaceta de los Tribunales, Año 1952. N° 1, Tomo 49.
____________ (1962). “¿Puede el marido enajenar los derechos hereditarios de su mujer sin autorización judicial y aún sin el consentimiento de ésta?” Revista de Derecho y Jurisprudencia y Gaceta de los Tribunales, Año 1962, N° 1, Tomo 59.
____________ (1986). De las pensiones alimenticias. En especial de las que se deben entre cónyuges. 2ª edición actualizada (1ª ed 1947, Ediciones de la Universidad de Chile). Ediciones fallos del Mes, 308 pp.

____________ (1986). Diccionario de jurisprudencia chilena. Tomo I. 1904-1957. 3° edición, Ediar-ConoSur.

En La Tercera: Comisión Jeldres informó en noviembre a juez de irregularidades

$
0
0
La nota es del periodista Sergio Rodríguez.
El viernes 9 de noviembre de 2012, cinco integrantes del equipo de profesionales del Poder Judicial que recorrían el país para indagar la situación de los centros vinculados al Servicio Nacional de Menores (Sename) del país enviaron un correo electrónico de cinco páginas al juez de familia de Arica, Juan Enrique Robles. En el documento se detallaban “graves vulneraciones de derechos de los niños y adolescentes encontradas en las visitas” a dos hogares de Arica.
Respecto del primero de estos centros, el Sariri, la misiva mencionaba 10 situaciones irregulares, entre éstas “deserción escolar”, “regreso de niños y adolescentes a altas horas de la madrugada” y “consumo de pasta base y otras drogas, estando al cuidado del hogar”.
Acerca del segundo -el hogar de niñas Ajllasga-, el documento enumeraba 22 situaciones, entre éstas, que en el recinto se había detectado “consumo de pasta base (...) estando al cuidado del hogar, al interior del mismo y fuera de él”. En el punto 19 se advertía de la “posible explotación sexual de niñas del hogar por parte de una red de conductores de taxis colectivos”.
Más adelante se aseguraba que “muchos de los hechos antes descritos están en conocimiento de las autoridades del Sename y de la seremi de Justicia, toda vez que, con fecha 29 de mayo se realizaron las visitas de la Comisión Interinstitucional de Protección (Cisc)”.
El texto fue firmado por las juezas de familia Mónica Jeldres, Patricia Rivera y Alejandra Valencia, más la socióloga consultora de Unicef Chile, Carolina Bascuñán, y la abogada especialista en DD.HH., Paulina Gómez.
“Constatamos estas graves irregularidades en conjunto con un juez de familia de Arica, en medio de las visitas que efectuamos los días 5 y 9 de noviembre de 2012 a esos dos centros, y se lo informamos de inmediato, a través de una carta enviada por correo electrónico, al juez presidente de Juzgado de Familia de Arica, el magistrado Juan Enrique Robles”, asegura Paulina Gómez.
El documento sugiere aplicar medidas como la intervención rápida de ambas residencias y la denuncia de los delitos a la fiscalía.
Esta denuncia se concretó cuatro meses más tarde. En las Fiscalía Regional de Arica y Parinacota afirmaron que el 28 de marzo recibieron la denuncia por parte del juzgado de Arica, tras lo cual abrieron la causa.
Después de esto, en una investigación desarrollada por el OS-9 de Carabineros y encabezada por el fiscal Rodrigo Benitt, el 10 de mayo, tres hombres fueron detenidos y formalizados por la obtención de delitos sexuales de menores a cambio de droga. Uno de ellos fue a juicio abreviado y recibió una condena de 540 días de presidio remitido.
“Actualmente hay un sumario administrativo en curso respecto de esta situación (del centro)”, afirma Rolando Melo, director nacional del Sename, frente a la actuación de la dirección regional de la entidad.
FLUJO DE INFORMACION
La situación que afecta a los centros del Sename fue uno de los puntos abordados esta semana en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados.
La instancia citó a varias autoridades, entre éstas el ministro de la Corte Suprema Héctor Carreño y el director nacional del Servicio, Rolando Melo, quienes afirmaron, por separado, haberse enterado en marzo de los informes de la comisión. Es decir, meses después del correo enviado al juez de Arica.
En la oportunidad, Carreño planteó que los integrantes de la comisión pudieron denunciar en noviembre los hechos, si es que sospechaban de posibles ilícitos.
Consultada por este medio sobre por qué no se formuló entonces la denuncia a la fiscalía, la jueza Jeldres afirma “que nuestro deber era hacerles ver la situación a las autoridades con jurisdicción en la zona, que eran el juez de familia que nos acompañaba y el magistrado presidente del Tribunal de Familia de Arica”.
FISCAL MELENDEZ
Tiempos, fechas y plazos. Quiénes tuvieron antecedentes sobre situaciones irregulares y eventuales abusos son parte de las aristas que indaga el fiscal Juan Agustín Meléndez, designado por el fiscal nacional Sabas Chahuán para investigar posibles delitos contra menores del Sename.
Estas posibles situaciones también derivaron en el anuncio, por parte de la ministra de Justicia, Patricia Pérez, de una “intervención” de todos los centros del país, el miércoles 10 de julio.
Estos son dos de los efectos de la difusión pública del trabajo de la comisión, designada por el Poder Judicial y encabezada por la jueza Jeldres, para visitar -entre junio y fines de noviembre de 2012- los centros de 10 regiones -menos la Metropolitana y la Quinta- y sistematizar, en fichas, la información de alrededor de 6.500 menores residentes.
La comisión Jeldres, que contó con la asesoría de Unicef, fundamentalmente trabajó sistematizando las fichas de 6.500 menores.
Paralelamente, también se recopiló información a través de tres vías: una ficha sobre el estado de las residencias, una encuesta de satisfacción de 384 niños (analizada por Unicef) y un boletín referido al estado de casi mil menores en las Aldeas Infantiles S.O.S.
Consultado por el caso, el subsecretario de Justicia, Juan Ignacio Piña, respaldó las acciones tomadas por el director del Sename en el caso: “Su gestión y las medidas tomadas son pertinentes y cuentan con una positiva evaluación”.
Por su parte, Melo expresó que “con respecto a los centros cuestionados de Arica, se decretó el cierre paulatino del Ajllasga, dentro de 90 días, y la aplicación de mejoras al Sariri. De hecho, se mantiene el cierre progresivo de cuatro centros nacionales y la supervisión intensa de otros, particularmente siete, como casos más complejos”.
ACTIVIDAD DE LA COMISION
Además de los documentos liberados en el sitio web del Poder Judicial, también existe otro informe, uno redactado por la jueza Jeldres y firmado además por las juezas de familia Alejandra Valencia, Patricia Rivera y Cecilia Ruiz, de 15 páginas y donde se resume toda la actividad de la comisión.
“El 11 de enero yo dejé la comisión de servicio y entregué ese informe final al presidente de la Corte Suprema (Rubén Ballesteros) y al ministro encargado de la Unidad de Apoyo (Héctor Carreño)”, afirmó Jeldres.
Aquel informe, al cual La Tercera tuvo acceso, da cuenta de una serie de problemas detectados. Algunos denominados “nudos críticos” del Poder Judicial, como causas paralizadas o falta de plazos para las medidas adoptadas, y otros más graves, como “entrega de medicamentos, sin diagnóstico ni supervisión médica adecuada” y “niños transgredidos en su esfera sexual”.
En ese mismo documento se sostiene que en cada región se realizaron “jornadas de transferencia técnica”, en donde las personas a cargo del proyecto exponían a diferentes autoridades la información que iban arrojando las fichas individuales.
El documento destaca que en varias sesiones hubo “supervisoras técnicas del Sename”

Fuente: La Tercera


El Mercurio: "Rolando Melo: Quienes aplican el instrumento deben hacerse cargo de la develación"

En El Post: Vinka Jackson: Responsabilidades compartidas

$
0
0
Vinka Jackson plantea algunas preguntas, aún sin respuesta, sobre las responsabilidades compartidas en torno al estudio de UNICEF y la Comisión Jeldres:

“Poner atención sobre la metodología de un estudio y/o la idoneidad del equipo investigador, no es un distractor ni una forma de aliviar la tensión o atenuar responsabilidades del Estado, como algunos han querido creer (incluso colegas míos, y lo digo con pesar).
Podemos respetar mucho a Unicef y al Poder Judicial, pero tanto como en relación a SENAME y los hogares, hay exámenes que no son prescindibles.

Como psicóloga, activista y sobreviviente de abuso sexual infantil, estoy convencida de que no es renunciable la pregunta sobre estándares éticos de cuidado en el diseño y conducción de investigaciones donde participan niños, en general, y niños que han vivido abusos, en particular. Son estándares que existen en otros países, y creo que nos aporta saber cómo son aplicados, o no, en el nuestro.

Actualmente en Chile, se prohíbe a los medios filmar niños en cualquier lugar (así sea una plaza) sin autorización de sus padres o guardianes legales. Imagino que tampoco seríamos indiferentes si encuestaran a nuestros hijos en sus jardines o colegios -así sea para determinar sabores favoritos de yogur- sin previa consulta a sus apoderados. Me pregunto, ahora, cómo reaccionaríamos ante una “encuesta de satisfacción” -comparable a la que fue elaborada por Unicef para aplicar en los hogares SENAME y Aldeas SOS: un cuestionario que no sólo pregunta por infraestructura o rutinas cotidianas, sino sobre posibles experiencias de vulneración vividas por nuestros niños. Cualquier niño. Los niños
de las residencias no por su abandono están en una condición diferente.

No conocemos, a la fecha, la forma en que Unicef y el Poder Judicial abordaron el tema del consentimiento y el derecho a la privacidad e intimidad de los niños (algo más delicado que una sola garantía de “anonimato”), y de la consulta o información a sus familias. Algunos objetarán este punto por tratarse de familias cuestionadas en sus competencias para cuidar. Pero querría pensar que sí tiene valor, en el horizonte de revinculaciones posibles (las residencias deben aspirar a ser transicionales), propiciar la voz de al menos algunos padres en relación a sus hijos.”


La columna completa, aquí, en El Post

En La Segunda del sábado: Lo que hay tras el cierre de un hogar de menores

$
0
0
"La polémica por la cruda realidad develada por el informe del Poder Judicial y Unicef -sobre las graves vulneraciones que están produciendo en algunos hogares de menores- está lejos de aquietarse.
Ahora es la decisión de cerrar cuatro residencias la que pone en jaque la suerte de 144 niños y adolescentes que vivían en esas instituciones, ubicadas en Arica, Talca, Santiago y Valparaíso.
La jefa del Departamento de Protección de Derechos del Sename, Angélica Marín , reconoce que todos son menores de tratamiento complejo, por lo que se hace "muy difícil que los colaboradores de otros centros se puedan hacer cargo. Es mejor intentar el egreso hacia las respectivas familias de origen, porque son niños que vienen de un tiempo largo en el sistema. Hay otros que vamos a tener que reubicar temporalmente".
Desde 2010 a la fecha, cada año ha habido varios cierres de hogares ordenados por la autoridad. Ese año fueron 41, al siguiente 76 y en 2012 otros ocho debieron dejar de funcionar.
Por eso, en el Sename descartan que los cuatro cierres de este año se hayan decidido sólo por las denuncias del equipo que levantó los datos de los hogares. Marín indica que desde fines de 2012 estaban estudiando la situación de 11 centros privados. "Teníamos información preparada por funcionarios del servicio. Los antecedentes que aparecieron ahora nos sirvieron para decidir en tres casos. El otro, la residencia de Santiago, fue una decisión autónoma", señala.
El tema que ahora vendrá es dar un destino a esos niños. La jefa de protección advierte que "hay un grupo que nunca va a volver (con su familia), por lo que tendremos que trabajar con ellos para que se preparen para la vida independiente, terminen su educación y en algún punto lograr alguna formación técnica para que puedan desarrollar herramientas para la vida laboral".
Sename se puso un máximo de 30 días como plazo para resolver la situación (mediados de agosto). En el servicio están conscientes de los riesgos que implica para los menores dejar un hogar en el que han hecho su vida.
Hoy, los hogares apercibidos de cierre se encuentran bajo supervisión permanente.
Privilegiará especialización antes que distancia
Uno de los temores de los especialistas es que el cierre sea un segundo golpe para los niños, en especial si significa que terminen viviendo en una región distinta a la de su familia de origen.
Respecto de ello, Marín anuncia que "hay que confrontar la cercanía versus la especialización. Aquí privilegiaremos lo último. Ellos van a vivir un quiebre y por eso habrá que hacer un trabajo doble: trabajar el duelo que significa la separación de un grupo humano que los ha venido conteniendo y seguir buscando que esos niños vuelvan con su familia de origen".
La encargada de Protección Infantil de la Unicef, Soledad Larraín , plantea que "habría que reforzar el desarrollo de planes de seguimiento de los niños. Eso significa generar indicadores en salud, educación e inserción social. Requiere dinero, pero lamentablemente muchas veces no hay financiamiento" ( ver nota aparte ).
Un posible cambio de región preocupa al psiquiatra Rodrigo Paz , quien recuerda el caso de Cristóbal "Cizarro", el cual empezó a delinquir a los 9 años, en 2008. "Se escapó del primer hogar al que lo mandaron, porque lo único que quería era volver al Hospital Calvo Mackenna, donde ya había desarrollado lazos, aunque fuera con los especialistas".
"Los niños generan vínculos", añade, "y cambiar bruscamente puede generar angustia, estrés e incluso llegar al suicidio", asegura.
El académico y ex director del Programa de Derechos del Niño de la UDP Jaime Couso señala que " ahora los centros no son tan masivos como antes. Igual tienen números altos, de 20 o 25 menores, pero eso es más cercano a un ambiente familiar".
Por eso, "el que exista un cambio es una pérdida de todos modos. Existe un costo cuando los vínculos se rompen" y advierte que en el caso de los niños que vivieron en una residencia donde sufrieron maltrato, se da una pérdida doble: no lograron satisfacer su necesidad de un ambiente familiar y aun así, por fallas que no son su culpa, lo que tenían se los quitan para mandarlos a otro lugar".
De acuerdo con la abogada Paulina Gómez , quien sacó a la luz el Informe del Poder Judicial y la Unicef, asegura que en estos casos lo más habitual es que el Sename traslade a los menores "a cualquier lugar". Parte de la responsabilidad -dice- es de los magistrados, porque "si a un juez le importa, va monitorear a cada uno de esos niños y no los va a soltar hasta tener una solución satisfactoria".
Jueces son informados cada 3 meses
La actual encargada del Centro de Medidas Cautelares de los tribunales de Familia de Santiago, Gloria Negroni (Tercer Juzgado de Familia de Santiago), y su antecesora en el cargo, Karen Hoyuelos (Primer Juzgado de Familia), descartan que los jueces dejen a los menores en manos del Sename sin preocuparse después de ellos, como han señalado las autoras del informe.
Negroni indica que "hoy cualquier decisión que tome un juez respecto de un niño dura sólo un año. Se puede modificar antes, pero ese es su tiempo de duración. Después tiene que tomar otra decisión".
De hecho, señala que en el primer semestre ya realizaron un catastro exacto de cuántos niños tiene el sistema en Santiago: se trata de 2.200 niños. "Ahora también comenzamos a examinar las 18 residencias particulares que están fuera del Sename, que no reciben subvención, que se suman a las 76 que actualmente hay en la Región Metropolitana", insiste.
Asimismo, asegura que para velar por los menores, los jueces exigen a las instituciones privadas que los resguardan un informe cada tres meses. "También estamos obligados a hacer visitas cada 6 meses. Aquí ya no quedan niños invisibilizados. Puede que ocurra con casos del sistema antiguo, pero es una fracción mínima. Hemos tenido un avance notorio en ocho años".
 1.400 menores están con familias de acogida
Las residencias son sólo una parte del sistema que acoge a los niños que requieren protección. La magistrada Negroni indica que desde el año pasado también están revisando la situación de los 1.400 menores que están en familias de acogida especializada (parientes lejanos o grupos con los que no tienen ningún vínculo).
"No se habían visitado nunca", indica la jueza Hoyuelos. "Encontramos que estos niños se encontraban mejor de lo que nosotros esperábamos. Encontramos familias preocupadas de que exista un ambiente familiar, pero también nos encontramos con casos en que el agresor por el cual el niño tenía una medida de protección seguía visitando a la familia. Como lo constatamos, pudimos tomar las medidas para corregirlo".
Además, la jueza detalla que "hay niños que tenían otro tipo de dificultades. Por ejemplo, algunos estaban hacinados o vivían en poblaciones, en condiciones de vida muy difíciles, en barrios altamente vulnerables o lugares donde fue difícil acceder. De hecho, los jueces tuvieron que llegar incluso apoyados por Carabineros".
Pese a ello, indica que el propósito es "alentar esta modalidad, siempre va a haber casos donde la modalidad residencial sea inevitable, pero para ir disminuyéndola está esto otro y uno de los hallazgos que tuvimos es que el sistema es poco conocido".



Fuente: La Segunda 

Diputados DC pedirán comisión investigadora por abusos de menores en hogares del SENAME

$
0
0
Con más de 45 firmas se presentó este jueves [18 de julio] la petición formal para constituir una comisión especial investigadora en la Cámara de Diputados, destinada a indagar en las responsabilidades frente a los hechos conocidos por la opinión pública y que revelan posibles ilícitos y vulneración de derechos a menores en riesgo social en diversos hogares dependientes del Sename, tras los antecedentes revelados por una investigación en diez regiones del país a cargo de jueces y expertos de la Unicef. 

Así lo precisaron el jefe de la bancada de diputados DC, 
Ricardo Rincón y los diputados de la misma bancada, René Saffirio y G. Silber. La solicitud debe ser aprobada por 48 diputados y se votará en Sala al regreso de la semana distrital. 

Rincón señaló al respecto que “aquí hay una investigación importante que, aunque algunos pretendan ocultar o invisibilizar, debe ser considerada para impulsar un trabajo serio y responsable que aborde las falencias que presenta el actual sistema de protección a menores en riesgo social. Hay versiones contradictorias, hay hechos que sin duda deben ser aclarados frente a la opinión pública, aunque a algunos les incomode “

Agregó que “independientemente del trabajo que está realizando el Ministerio Público, para investigar estos hechos, esta comisión será una instancia fundamental para trabajar el tema de fondo y determinar las responsabilidades políticas que existen en este verdadero escándalo”. 

El legislador valoró la constitución de un equipo especializado en delitos sexuales que respaldará al Fiscal Regional de Magallanes, Juan Agustín Meléndez, en la investigación penal que indagará los presuntos delitos. El equipo quedará conformado por 23 detectives pertenecientes a las regiones de Arica, Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, Maule, Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y Magallanes, más dos de la Región Metropolitana y uno de la XII Región. 

Presentación de Consejeros Técnicos en Seminario “Autonomía Progresiva y Cuidado personal”

$
0
0

Del exitoso Seminario “Autonomía Progresiva y Cuidado personal” organizado el mes pasado por  la Asociación Nacional de Consejeros Técnico del Poder Judicial y la Asociación de Abogados de Familia, dejo aquí la presentación de los consejeros técnicos, a quienes agradezco su disponibilidad.


Marcos Jiménez, Andrea Millán y Vivian Joumier,  Consejeros Técnicos del Segundo Juzgado de Familia de Santiago(los dos primeros) ydel Juzgado de Familia de Pudahuel.

Informe del Centro de Políticas Públicas UC sobre el Proyecto de Ley de Protección Integral de la infancia: ilusión de universalidad

$
0
0
El presente documento, de autoría de la trabajadora social Carolina Muñoz -profesora e investigadora UC, con Master in Social Work, Local development and management, por el Boston College-, analiza el proyecto de ley presentado por el Presidente de la República, considerando para ello la contribución que la sociedad civil, representada por organizaciones no gubernamentales y otros actores dedicados a los temas de infancia, ha venido desarrollando hace más de una década para dar cuerpo a la normativa de protección, así como las recomendaciones establecidas por organismos internacionales


El juicio es negativo, tajante y consistente con lo que hemos señalado en este blog: “este proyecto es una respuesta a la demanda sostenida y consistente de la sociedad civil, organismos internacionales y legisladores, sin embargo, constituye una respuesta pobre a estas demandas. Su pobreza se expresa en la continuidad de una visión que enfatiza la responsabilidad del Estado solo por las necesidades de NNA vulnerables, extrañándose una clara disposición a reconocer el carácter universal y exigible de los derechos de los cuales esta población es titular. Sumado a lo anterior está la ausencia de un mecanismo de financiamiento permanente que asegure la viabilidad del proyecto.
En tercer lugar, el proyecto no puede ser considerado completo mientras no proponga derogar la vigente Ley de Menores.
Adicionalmente, sabemos que para asegurar la integralidad, la descentralización y la intersectorialidad deben resguardarse a ultranza, sin embargo en el proyecto de ley no se establece un escenario donde se traslade parte de la responsabilidad política y técnica para la elaboración de la política pública de infancia y adolescencia, su ejecución y fiscalización a los ámbitos regionales, departamentales y municipales. Tampoco establece Consejos que contribuyan a la implementación de la ley, sino que el proyecto habla de un Consejo que es más bien un organismo de carácter consultivo sin potestades vinculantes de incidir en las instituciones responsables de las políticas. Por último, este proyecto no incorpora la institucionalidad de un Defensor.”



Comisión de Familia de Cámara de Diputados investigará irregularidades en hogares del SENAME

$
0
0
Por 60 votos a favor y 9 abstenciones, la Cámara aprobó la solicitud presentada por 49 diputados, para que la Comisión de Familia se encargue de “recabar información y determinar las responsabilidades al interior del Servicio Nacional de Menores por los casos de abusos conocidos en el último tiempo por la opinión pública, las condiciones de los hogares de menores donde se han originado las denuncias, el nivel de preparación de los profesionales que allí se desempeñan, las medidas de seguridad adoptadas para prevenir este tipo de situaciones y los planes futuros con respecto a la situación antes descrita de manera de modernizar esta importante institución". 

Para ello, la comisión deberá rendir su informe en un plazo no superior a 40 días desde su constitución, y podrá constituirse en cualquier lugar del territorio nacional. 

Las eventuales irregularidades que la Comisión de Familia deberá abordar, fueron dadas a conocer a la opinión pública a través de un reportaje del medio electrónico Ciper, en que se dio cuenta de una investigación realizada por el Poder Judicial y la Unicef al sistema de protección infantil chileno, y que detectó graves irregularidades, abuso sexual, violencia y maltrato al interior del Sename.
Viewing all 442 articles
Browse latest View live